Antonio Romeral, fiscal de la Audiencia Nacional que investiga el caso Popular, defiende que se mantengan en secreto, al menos de momento, los documentos sobre Banco Popular aportados a la causa por el Banco Central Europeo (BCE). Algunos de estos documentos son de carácter confidencial, pero fueron requeridos por la Audiencia Nacional el pasado mes de febrero.

El fiscal pide que se desestimen los recursos presentados por el expresidente de Popular Ángel Ron, el empresario mexicano Antonio del Valle o algunos fondos internacionales, entre otros, contra la decisión del magistrado Fernando Andreu, instructor de la causa, de abrir una pieza separada y secreta con la documentación remitida por el organismo que preside Mario Draghi.

Algunos de estos documentos son de carácter confidencial, pero fueron requeridos por la Audiencia Nacional el pasado mes de febrero. Al tratarse de un procedimiento penal, el BCE accedió a facilitar la información a finales de junio bajo la consigna de que Andreu garantizase su confidencialidad. Entonces el juez decidió abrir una pieza separada y secreta durante el plazo de un mes, reservando el acceso a esta documentación a la Fiscalía y a los peritos del Banco de España, que serán quienes determinarán si es útil para la causa. La semana pasada, el juez decidió prorrogar otro mes más, hasta finales de octubre, el carácter secreto de la documentación.

Entre estos papeles se encuentran los informes resultantes del Programa de Supervisión Ordinaria llevado a cabo por la institución con sede en Fráncfort sobre Popular en 2016 y 2017, un documento clave para la causa, pues se detectó un agujero de más de 3.700 millones de euros.

De hecho, estas inspecciones pusieron de manifiesto que la entidad no estaba lo suficientemente saneada tras la ampliación de capital de junio de 2016, el objeto central de la investigación, por lo que son clave para el devenir del caso.

Además, entre la documentación remitida se encuentra la decisión fail o likely to fail del BCE sobre Popular y los informes realizados al respecto, entre otros.

El fiscal recuerda también que la documentación fue requerida por el juez para elaborar informe pericial, por lo que corresponde a los inspectores del Banco de España determinar su incidencia sobre la labor que les ha sido encomendada.

“La aportación de los documentos acordada por el instructor (…) tiene como finalidad comprobar si en los mismos existen datos o puesta de manifiesto de hechos, que puedan ser de utilidad y ayudar a la realización de la pericia acordada”, expone Romeral.

Por tanto, será Andreu, una vez haya recibido la opinión de los peritos del Banco de España, quien determine si trasladar los documentos a las partes implicadas en el caso Popular o bien devolverlos al BCE sin dar acceso a los mismos.

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