La Audiencia retrasa hasta septiembre la publicación de los datos sobre Banco Popular

El juez de la Audiencia Nacional Fernando Andreu, en el marco de la causa que investiga la caída del Banco Popular, ha acordado prorrogar hasta mediados de septiembre el secreto de sumario respecto a la pieza separada que contiene la documentación remitida por el Banco Central Europeo (BCE).

El titular del juzgado central de Instrucción número 4 amplía por espacio de un mes el plazo inicial, que expiraba el próximo 18 de agosto, y descarta que dicha decisión pueda “provocar indefensión alguna” en las partes, que “tendrán la oportunidad posterior para defenderse”.

El pasado 18 de julio, el magistrado ordenó incorporar a esta parte del procedimiento documentos tales como la decisión del BCE de declarar a la entidad “próxima a la quiebra”, así como informes y conclusiones de inspección y su seguimiento desde 2012.

También pasarían a esta pieza requerimientos o recomendaciones sobre el registro de deterioros de la inversión crediticia, todos escritos con información reservada conforme a la normativa comunitaria.

Atendía de este modo a la Fiscalía Anticorrupción, partidaria de aplicar el secreto de sumario a esta pieza “con la finalidad de garantizar la reserva y confidencialidad” y de preservar “la investigación y esclarecimiento de los hechos que constituyen el objeto de la causa”.

Como expuso entonces Andreu, la información, en la que entran además informes sobre la autocartera y desinversiones de activos del Popular, habrá de ser examinada y estudiada por los peritos judiciales cedidos por el Banco de España a fin de comprobar si resulta útil para el caso.

En octubre de 2017, se admitieron a trámite las primeras querellas contra los expresidentes del banco Ángel Ron y Emilio Saracho, sus respectivos Consejos de Administración y la firma PwC, que auditó sus cuentas durante más de tres décadas, por presuntos delitos de falsedad societaria, administración desleal y apropiación indebida, entre otros.

Asimismo, el juez acordó la división en dos piezas separadas, la primera por la ampliación de capital de 2016 y la segunda por una posible manipulación del mercado mediante la publicación de noticias con datos presuntamente falsos para hacer caer el valor de las acciones y obtener beneficios.

A mediados de febrero, el magistrado solicitó, a instancias de las acusaciones, diversa información relacionada con la gestión del Popular a organismos como el Banco de España, la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) y el BCE. En dicho auto, destacaba la necesidad de conocer el primer peritaje de los expertos designados al caso antes de acordar las declaraciones de todos los investigados.

En el escrito, el juez se ha apresurado a señalar que la decisión no puede “provocar indefensión alguna” en las partes, ya que “tendrán la oportunidad posterior para defenderse”. Sólo faltaría que no la fueran a tener. El problema es que la justicia, cuanto más lenta, menos justicia. Y este caso, conociendo la velocidad de Andreu (el caso Bankia comenzó en 2012), tiene visos de convertirse en casi eterno. Como haya indemnización, los intereses de demora van a ser impagables.

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