LA MACROCAUSA EN LA AUDIENCIA CONTRA BANCO POPULAR SIGUE CRECIENDO

La macrocausa que instruye la Audiencia Nacional contra los expresidentes del Banco Popular Ángel Ron y Emilio Saracho por la ampliación de capital de la entidad financiera en 2016 y la presunta manipulación del mercado crece por momentos hasta alcanzar enormes proporciones.

El sumario se ha convertido un monstruo que ha ido engordando a pasos agigantados desde su admisión a trámite en octubre del pasado año. En la actualidad hay 316 personaciones admitidas entre querellas y perjudicados que se han mostrado parte. Alguna de ellas acumula a su vez a múltiples perjudicados. Los investigados son 31, entre personas físicas y jurídicas

El juez Fernando Andreu, encargado de la instrucción, se decidió por gestionar el sumario en dos piezas separadas. La primera de ellas se refiere a la ampliación de capital realizada por el Banco Popular en el ejercicio 2016 bajo la presidencia de Ron, por importe de 2.505 millones de euros y otros hechos relacionados con la cuestión.

En la segunda, se investiga la supuesta manipulación del mercado mediante la publicación de noticias que contenían datos o información que muchos de los querellantes han calificado como falsa y difundidas con la finalidad de hacer caer el valor de la cotización de las acciones del banco y poder obtener importantes beneficios. En esta, que afecta a Saracho, se rastrea el uso de información privilegiada y relevante para la cotización de las acciones y el posible lucro ilícito resultante.

Antes siquiera de citar a declarar a los dos expresidentes acordó encargar a dos peritos designados por el Banco de España un informe en profundidad que aún no está listo. También, reclamó documentación a la CNMV, al Banco Popular y al FROB. Miles y miles de folios sobre el folleto y la documentación en que se asentó la ampliación de capital, con el objeto de determinar si la información contable en ella expresada ofrecía la imagen fiel de la entidad y estaba libre de manipulación o deformación. La causa recuerda en lo esencial al ‘caso Bankia’ cuyo señalamiento para noviembre acaba de dictarse tras años de investigación.

Los peritos llevan ya trabajando varios meses, pero el informe se hará esperar. La complejidad del asunto es tal que necesitarán al menos seis meses suplementarios hasta lograr acotar sus conclusiones. El paseíllo por la Audiencia Nacional de los dos presidentes imputados tendrá que aguardar hasta ese momento. Lo mismo sucederá con el resto de imputados, una treintena entre los que se encuentran también consejeros del Popular y el auditor de la consultora PwC.

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