LA QUERELLA DE APABANC CONTRA BANCO POPULAR ES LA ÚNICA QUE PIDE LA IMPUTACIÓN DEL EX INTERVENTOR, JAVIER MORENO

La Audiencia Nacional admite la querella interpuesta por  la Asociación Apabanc que representa ya a cerca de 1.000 afectados por distintos productos del ahora extinto Banco Popular, contra la excúpula del banco por los delitos de falsedad contable, insolvencia punible y estafa contra el mercado y los consumidores.

De momento a la querella, que se presentó en abril pasado, se han sumado ya afectados de toda España, todos ellos suscriptores de acciones con anterioridad a la ampliación de capital de 2016, y para los que la acción penal ante la Audiencia es la mejor vía para recuperar, en un plazo de tiempo razonable, su inversión. “Para los que acudieron a la ampliación de capital del Popular en 2016 o fechas próximas, o para los que adquirieron bonos convertibles o subordinados, nuestra Asociación, a través de sus despachos asociados, está accionado por otras vías, como la interposición de acciones civiles individuales de nulidad” explica Ricard Torres, Presidente de Apabanc.

A este número inicial de querellantes representados ante la Audiencia por Apabanc, se irán sumando muchos más en las próximas semanas, explica Torres, quien puntualiza que la querella “va dirigida contra los expresidentes del banco Ángel Ron y Emilio Saracho, así como contra otros 24 exconsejeros”. Pero la querella pide también la imputación de Javier Moreno, interventor del banco en el momento de su quiebra, y no investigado hasta ahora.

La querella establece que el consejo del banco, en sus reuniones de los años comprendidos entre 2014 y 2017 ”formuló, a sabiendas, unas cuentas anuales consolidadas falsas, radicando la falsedad de las cuentas en la no valoración conforme a la normativa de sus activos y en la ocultación de pérdidas en la cuenta de resultado”. En febrero de 2017, la entidad declaró unas pérdidas en 2016 de 3.485 millones de euros, que dos meses después tuvo que corregir al alza en otros 630 millones.

En la querella se denuncia también “el estado de insolvencia de la entidad desde 2015” y apunta a un de-lito relativo al mercado y a los consumidores por la utilización de las cuentas para realizar diversas emisiones de participaciones preferentes desde 2013, dos ampliaciones de capital desde esa fecha y la influencia que las mismas tuvieron en todas las operaciones de compraventa de acciones también desde 2013”.

Matiza también la querella que los ex responsables de la dirección del banco “realizaron y consintieron actos como el de adjudicarse remuneraciones elevadas, autorizar indemnizaciones a los consejeros salientes, amortizar instrumentos y obligaciones financieras, aprobar repartos de dividendos, etc, en un momento en que la entidad se encontraba en situación de insolvencia”. Por último, achaca a los exconsejeros un delito relativo al mercado y a los consumidores, y a que, a sabiendas de que las cuentas “no reflejaban una imagen fiel del patrimonio”, utilizaron dicha información para lanzar dos ampliaciones de capital por 3.000 millones y varias emisiones de participaciones preferentes por valor de otros 2.000 millones”.

 

 

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