La trama financiera ‘opaca’ del Popular abre la puerta a ampliar la causa hasta 2011

Hacienda señala en un informe fechado a 2017 e incorporado a la causa penal por la caída de la entidad que se instruye en la Audiencia Nacional, que el banco trató de ocultar pérdidas refinanciando a empresas acreedoras  a través de un entramado opaco en Luxemburgo. Si se corrobora esta presunta ocultación de pérdidas  desde el año 2011, la investigación podría extenderse hasta dicho ejercicio y, por extensión, también las reclamaciones para obtener compensación por parte de inversores afectados.

No obstante el caso está en un momento muy embrionario y se necesitaría informes de peritos judiciales que lo acreditaran en base al análisis de las cuentas del Popular en dichos ejercicios. Del mismo modo, fuentes cercanas a grandes bonistas del banco señalan que la información podría elevar el número de petición de reclamaciones hasta la fecha abarcando así a cinco ejercicios a los que tendría que hacer frente el banco intervenido. “Sería lo suyo que la causa en el penal se amplíe, seguramente se llegue a ejercicios anteriores”, mantiene otra defensa.

Si la vía penal finalmente consigue dar luz a la presunta ocultación de pérdidas del banco desde al menos 2011, los afectados a raíz de eso, podrían acudir con más seguridad a la vía civil para reclamar su inversión. Del mismo modo, estas mismas fuentes manifiestan su escepticismo ante la posibilidad de que, una vez dilucidado el caso, la Audiencia abra una vía de reclamaciones a la entidad.

Aunque por le momento, en la instrucción penal la causa que se investiga sólo se extiende hasta 2016, ante la presunta falsedad de cuentas que la entidad facilitó para la ampliación de capital que llevó a cabo en mayo de ese año de 2.500 millones, distintos despachos de abogados ya se han dirigido a los tribunales civiles para pedir reclamaciones desde la ampliación de capital de 2012.

Reclamaciones por la vía penal

De momento, el Popular se enfrenta a más de un centenar de reclamaciones por esta penúltima ampliación de capital. Además, no sólo están acudiendo a los juzgados afectados que acudieron a dicho operación, si no también aquellos que tenían acciones desde años anteriores, e incluso desde la década de los noventa. A su juicio, si el banco empezó a ocultar presuntamente sus activos improductivos desde la crisis, de haber tenido la información veraz podrían haber deshecho posiciones con anterioridad.

Las actas del último consejo de administración del Popular antes de la caída del banco, fechadas a 6 de junio, reconocen que los activos improductivos del banco estaban mal clasificados. Tras un proceso de tasación individualizado de los activos inmobiliarios que tenía el banco, “los resultados provisionales implicarían una reducción de la valoración de estos activos en balance en 1.600 millones de euros (a lo que habría que sumar las provisiones por antigüedad de inmuebles siguiendo siguiendo los requisitos de la normativa aplicable”, reza el documento al que ha tenido acceso este diario.

Además, señala que la revisión de la cartera de créditos realizada conlleva una provisión extraordinaria de 1.525 millones de euros. Así, el Popular reconoce horas antes de su resolución un nuevo agujero de más de 3.000 millones de euros.

El anterior gobernador del Banco de España, Luis María Linde, aseguró el pasado mes de abril en la comisión del Congreso que investiga la crisis financiera que ya había dudas sobre el Popular hace seis años. El exresponsable del organismo supervisor reconoció que fue una mala decisión no nacionalizar el banco en 2012, cuando se evidenciaron las necesidades de capital que tenía la entidad. Linde recordó que las pruebas de estrés de Oliver Wyman señalaron que el Popular necesitaba capital por 3.200 millones, sin embargo, la entidad tenía capacidad para conseguirlo acudiendo al mercado.

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