LA VENTA DEL POPULAR EXPONE AL SANTANDER A 4.000 MLL EN DEMANDAS

El informe de valoración realizado por Deloitte a partir del cual la Junta Única de Resolución y la Comisión Europea aprobaron la decisión de vender el banco por 1 euro, arrojó una valoración económica negativa de entre  -2.000 millones de euros y -8.200 millones. Sólo en demandas de afectados por Banco Popular  la cifra rondaría los 4.000 millones.

Según fuentes comunitarias que han tenido acceso al documento, esa valoración trata de determinar cuánto pagaría un potencial comprador en ese momento. Éste es un concepto distinto a cuánto vale el banco operando de forma independiente.

El informe tuvo en cuenta cuatro aspectos básicos: las provisiones necesarias, los riesgos legales, el impacto de la ruptura de acuerdos comerciales y otros contratos, y la necesidad de capital para igualar el capital del potencial comprador. Esta forma de valorar la entidad tiene en cuenta conceptos que deprecian significativamente el valor del banco para un potencial comprador. Y entre ellos se encuentran los riesgos legales.

FACTURA DERIVADA DE LAS DEMANDAS DE LOS AFECTADOS

Allí se contabiliza la factura potencial derivada de las demandas de los accionistas que participaron en la ampliación de capital ejecutada por Banco Popular en 2016, pero también los relativos a la colocación de deuda subordinada, tanto los 450 millones de euros colocados a través de la red de sucursales a inversores minoristas, como las colocadas entre inversores institucionales.

Pero también hay otros factores que hunden la valoración del Popular. Según estas fuentes, los dos bancos que firmaron el acuerdo de confidencialidad para poder realizar una oferta sobre Banco Popular habrían necesitado 5.000 millones de euros adicionales para provisionar la cartera de créditos morosos de la entidad y alinearla así con sus propios niveles de cobertura de su cartera de morosos.

Según fuentes del Ministerio de Economía, se trataba de Santander, que finalmente se quedó con Popular, y de BBVA, que puso una oferta encima de la mesa.

El ejercicio de análisis de Deloitte sirvió para que la Junta Única de Resolución decidiera reducir a cero el valor de las acciones y la deuda subordinada del banco, aunque para esto último también fue clave que la oferta del comprador sólo ascendiese a 1 euro. Si hubiese sido superior, habría habido más a repartir.

El informe ha sido muy criticado por los accionistas, que veían cómo el día anterior a la venta por un euro a Santander, el mercado valoraba la entidad en 1.300 millones de euros. También han sido críticos con la valoración la asociación de inspectores del Banco de España, que en un comunicado interno dudaron de la independencia y de la valía técnica del informe. El Gobierno español quiere que ese informe se haga público por motivos de transparencia.

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