Los inspectores del Banco de España advirtieron ya desde 2009 de la situación del Banco Popular

El inspector del Banco de España adscrito al Banco Central Europeo (BCE) Ignacio Pardo Cuerdo ha afirmado que la inspección del supervisor nacional venía advirtiendo en sus informes de que el Banco Popular no tenía provisiones suficientes desde 2009, ocho años antes de que finalmente acabara siendo liquidado y vendido al Santander por un euro.

Durante su comparecencia ante la comisión que investiga en el Congreso la crisis financiera, el rescate bancario y la quiebra de las cajas de ahorro, Pardo ha explicado que el equipo de inspección del que formaba parte elaboraba informes sobre las revisiones que realizaban en la entidad, y que, adicionalmente, trimestralmente se elaboraban dos informes, uno de seguimiento y otro de ajustes pendientes de realización.

“En dichos informes, a partir de 2009, en todas esas revisiones, se identificaban necesidades de provisiones. Esa era nuestra conclusión. Nosotros como inspectores, como miembros de un equipo cooperativo, no podemos requerir”, se ha excusado, ante la pregunta de varios grupos de por qué no se actuó con medidas concretas habiéndose detectado debilidades en esta entidad.

La falta de precisión y valoración en algunos puntos por parte del inspector ha provocado las críticas de la práctica totalidad de los grupos parlamentarios, así como de la propia presidenta, que ha echado en falta la valoración de una persona que “estuvo a pie del terreno”.

Así, ha explicado que el órgano competente para poder realizar estos requerimientos sería, en todo caso, la Comisión Ejecutiva del Banco de España, a propuesta del director general. “No les puedo decir mucho más. Decir otra cosa sería asumir una función que no me corresponde”, ha zanjado.

Pardo ha explicado que una reorganización interna del personal en el Banco de España acabó con su trabajo de inspección en el Popular en el primer trimestre de 2011. “A partir de ahí desconozco qué se ha producido, si los ajustes se hacen o en qué medida el banco planifica provisiones para realizar esos ajustes”, ha dicho. En este sentido, ha asegurado no tener constancia de que pudiera haber habido algún escrito de requerimiento, al no haber participado en este proceso y haber abandonado la supervisión de esa entidad.

Respecto a su trabajo en la inspección, ha señalado que tras evaluar el grado de concentración en el sector de la construcción y en el inmobiliario, “cuando analizamos la exposición y la elevada concentración, (el Popular) tomó conciencia de esa concentración. Intentó reducirlo, pero era tarde en ese momento”, ha subrayado Pardo.

“Nosotros, los inspectores, intentamos evaluar el problema, pero hacer desaparecer el problema es complicado. El problema surge entre 2000 y 2007 y podemos transmitir a nuestros superiores las conclusiones a las que llegamos desde un punto de vista profesional y técnico. Decisiones a otro nivel no nos corresponde”, ha dicho, remitiéndose a la “línea jerárquica y de toma de decisiones” la adopción de medidas más restrictivas.

Pese a que ha reconocido los “problemas estructurales” de los que adolecía el Popular -elevado nivel de activos problemáticos, baja rentabilidad, excesiva concentración de riesgo inmobiliario y constructor-, Pardo se ha remitido a las explicaciones oficiales sobre que la declaración de inviabilidad del banco se produjo por un fallo de liquidez.

Un colapso que ha explicado tras un “flujo constante de noticias negativas”, que acabaron derivando en un proceso de desconfianza y en una retirada generalizada de depósitos. En este punto, considera que un “elemento clave” en el proceso fue “la política de comunicación” desarrollada por la dirección del banco.

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