Multa inminente al Gobierno español por la ley hipotecaria

El retraso en la transposición de la ley hipotecaria, que debía estar en vigor desde hace casi dos años y medio, puede acarrear una sanción de hasta 100 millones. La norma en cuestión establecerá las reglas para entidades y clientes en lo que respecta a la contratación de hipotecas. Su espíritu persigue aumentar la transparencia y la seguridad jurídica de los consumidores.

La amenaza de multa europea vuelve a cernirse sobre España, cuyo retraso en la transposición de la conocida como ley hipotecaria podría acarrear una sanción que, en el peor de los casos, se acercaría a los 100 millones de euros. La norma debía estar en vigor desde hace casi dos años y medio, pero la inestabilidad política y la parálisis parlamentaria por los cambios de Gobierno y las vacaciones estivales han acabado relegando el proyecto de reforma hasta ahora, cuando el “riesgo de multa” es inminente y podría hacerse efectivo “a partir de octubre”, tal y como aseguran desde el Ministerio de Economía.

El Gobierno español debería haber aprobado la Ley Reguladora de los Contratos de Crédito Inmobiliario -por su nombre técnico- antes del 21 de marzo de 2016, pero la existencia de un Gobierno en funciones en aquel momento, la tensión política con Cataluña después, la moción de censura que provocó el último cambio en La Moncloa y, finalmente, las vacaciones de verano, han frenado su desarrollo legislativo.

En septiembre de 2017, la Comisión Europea pidió al Tribunal de Justicia de la UE que impusiera a España una multa de 105.991 euros por cada día de retraso en la reforma. Durante este tiempo, Bruselas ha mostrado una actitud paciente y hasta cierto punto comprensiva con los cambios en el Ejecutivo y sus efectos en la actividad parlamentaria, pero el tiempo y la paciencia se agotan y el TJUE podría resolver en contra del país en cuestión de semanas.

La duda en este caso es si la sanción comenzará a contar a partir del pronunciamiento o si el tribunal le otorgará un carácter retroactivo, en cuyo caso el montante superaría ya los 95 millones de euros. La norma en cuestión establecerá las reglas para entidades y clientes en lo que respecta a la contratación de hipotecas en los próximos años. Su espíritu persigue aumentar la transparencia y la seguridad jurídica de los consumidores y las entidades para evitar que se repitan casos como los de las cláusulas suelo y, entre otros aspectos, prohíbe a los bancos que vinculen la concesión de hipotecas con la contratación paralela de otros productos, como los seguros de vida y hogar.

El gabinete de Mariano Rajoy, con Luis de Guindos como responsable de Economía, aprobó en Consejo de Ministros en noviembre de 2017 el proyecto de Ley correspondiente y así se quedó, a la espera de superar los trámites correspondientes en el Congreso y el Senado. Ni siquiera se ha establecido un calendario de debate para las más de 200 enmiendas que se presentaron sobre el documento y la Mesa del Congreso tampoco se ha pronunciado aún sobre el trámite de urgencia en el Senado presentado por el grupo socialista en julio.

 

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