PRODUCTOS FINANCIEROS COMPLEJOS COMERCIALIZADOS ENTRE AHORRADORES

PRODUCTOS FINANCIEROS COMPLEJOS COMERCIALIZADOS ENTRE AHORRADORES

CNMVPRODUCTOS FINANCIEROS COMPLEJOS COMERCIALIZADOS ENTRE PEQUEÑOS AHORRADORES

Según un informe elaborado por profesores del IESE los bancos españoles realizaron centenares de emisiones de bonos convertibles, que en un gran parte “fueron suscritas por inversores particulares y familias”

La Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) quiere vetar la venta de estos productos a ahorradores

Durante los últimos 25 años las entidades financieras han comercializado entre clientes minoristas algunos productos de extrema complejidad. Bonos estructurados, que prometen una atractiva rentabilidad “siempre que se cumplan determinadas condiciones”, bonos convertibles, contratos de permuta (swap, como se conocen en el mercado), derivados financieros… Ahora, la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) quiere vetar la venta de estos productos a ahorradores o, al menos, limitarla al máximo.

Cuando un banco o una gestora quiera comercializar un producto considerado por la CNMV como “especialmente complejo” deberá incluir una advertencia clara que recuerde que el regulador “considera no adecuada su adquisición por inversores no profesionales”. Además, las entidades deberán recabar la firma por el cliente donde reconozca que el producto “no es adecuado para inversores no profesionales”.

De acuerdo con un informe elaborado por los profesores del IESE Pablo Fernández y Javier Augirreamalloa, las empresas españolas han realizado centenares de emisiones de bonos convertibles en acciones, que en gran parte “fueron suscritas por inversores particulares y familias”.

Algunas de estas emisiones de productos complejos han causado importantes quebrantos financieros a muchos ahorradores, como es el caso de las participaciones preferentes emitidas de forma masiva por las cajas de ahorros entre 2004 y 2008, los Valores Santander, los Turbowarrants emitidos por Société Générale…

Al margen del semáforo de colores de la CNMV, donde se indica el grado de riesgo de cada producto, el organismo también quiere introducir otros dos símbolos vinculados a la complejidad. Así, si el producto va acompañado de un signo de exclamación, implicará que se trata de un “instrumento financiero complejo, puede ser difícil de comprender”. El doble símbolo de exclamación se reserva para producto financieros complejos “cuya adquisición no se considera adecuada por inversores no profesionales”.

También se incluyen un símbolo de un candado para aquellos a modo de advertencia sobre la liquidez del producto. Se reservará un solo candado para aquellos productos en los que el “compromiso de devolución de un porcentaje del capital solo es a vencimiento y la venta anticipada puede provocar pérdidas”. Tendrá dos candados cuando “la venta anticipada no es posible o puede implicar pérdidas relevantes”.

Ambos símbolos, las exclamaciones y los candados, “deberá incluirse siempre por parte de las entidades en toda la información precontractual y en la publicidad”, según el borrador de regulación de la CNMV.

El regulador financiero llega a realizar una enumeración detallada de que instrumentos financieros no son adecuados para inversores minoristas: instrumentos de deuda contingentemente convertibles en acciones (como las preferentes), instrumentos de deuda emitidos con una cláusula de contingencia por la que resultarán amortizados total o parcialmente de forma automática en el caso de que la entidad alcance un nivel de solvencia, las instituciones de inversión colectiva con un objetivo concreto de rentabilidad, garantizado o no, a un plazo determinado, cuando a dicho plazo el objetivo fijado no sea igual o superior al 85% de la inversión…

Para garantizar el cumplimiento de esta normativa, la CNMV también prevé que en el caso de prestación de servicios por vía telefónica, “las entidades deberían conservar la grabación con la expresión verbal del cliente que corresponda, grabación que se pondría a disposición del cliente si así lo solicitase”.

La investigación de los profesores del IESE revela que en tan solo 10 años, las empresas españolas emitieron bonos estructurados por 13.000 millones de euros. A partir de ahora, sus únicos destinatarios serán inversores institucionales, como fondos de inversión, hedge funds o planes de pensiones.

 

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