LAS DEMANDAS POR PREFERENTES OBLIGAN A BANKIA A PROVISIONAR OTROS 721 MILL
Los agujeros para BFA-Bankia se acumulan. A las provisiones de 780 millones realizadas para asumir las indemnizaciones por la salida a bolsa, se unen otros 721 millones que ha dotado entre 2013 y 2014 por las demandas judiciales por la venta de preferentes, comercialización que también se está investigando en la Audiencia Nacional y por la que el expresidente de Caja Madrid, Miguel Blesa, está imputado.
Como en el caso de las acciones, el Frob y el grupo que preside José Ignacio Goirigolzarri distribuyó las cargas. En este caso, Bankia iba a asumir la primera factura de 246 millones. Los restantes costes por los productos híbridos (preferentes y deuda subordinada) los afrontaría BFA, propiedad 100% del Estado a través del fondo de rescate público.
En 2014, ante el aluvión de demandas y ante las pérdidas ya asumidas por Bankia (que ha gastado ya 237 millones del total), la matriz llevó a cabo una dotación de 475 millones de euros para los quebrantos derivados de los procesos judiciales. El importe es superior a los 468 millones que BFA provisionó contra las cuentas del ejercicio pasado por la salida a bolsa.
En su informe anual explica que 108 millones de las dotaciones para preferentes provinieron de un colchón no utilizado que cubría otra serie de riesgos y que se ha podido liberar. Bankia, por su parte, elevó en 16 millones en 2014 las provisiones para híbridos y situar la hucha en el máximo, atendiendo al pacto sellado con el Frob.
El coste de las preferentes
Pero, el coste de las preferentes -por el que dejó atrapados a casi 300.000 inversores- no se queda ahí. El Gobierno impulsó en 2013 un proceso arbitral para devolver el dinero perdido a los ahorradores que fueron engañados o que se les vendió este producto mediante una mala comercialización. El arbitraje, que está a punto de concluir, tendrá un gasto cercano a los 1.200 millones de euros.
Por tanto, la factura total de los híbridos para BFA-Bankia será, según las estimaciones, en más de 1.900 millones, algo por encima de las previsiones iniciales de la entidad nacionalizada.
Según estos cálculos, el coste no alcanzaría los 1.824 millones, cifra que coincide precisamente con las plusvalías que obtuvo por el canje de preferentes por acciones que llevó a cabo para cumplir con las exigencias de Bruselas y que supuso quitas medias del 36% para los inversores de preferentes.
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