El Banco Central Europeo decidió poner al Banco Popular en manos del Santander tras evaluar el «agotamiento significativo de sus depósitos» y la «cobertura negativa en los medios» de comunicación que tenía la entidad por las especulaciones sobre la continuidad de sus gestores y sus pérdidas en 2016.
Así figura en la versión no confidencial del informe de evaluación que hizo el regulador europeo antes de llegar a la resolución de la entidad y su posterior venta al banco de Ana Patricia Botín.
El BCE repasa los acontecimientos que llevaron al Popular a sufrir el fuerte deterioro de su posición de liquidez. Entre ellos señala a una «cobertura negativa en los medios» en relación con las especulaciones sobre la dimisión de algunos de sus gestores, las pérdidas registradas por el banco en el ejercicio 2016 y el primer trimestre de 2017, así como los anuncios por parte del presidente del banco en aquel momento, Emilio Saracho, de su necesidad de realizar una ampliación de capital o acometer una operación corporativa, detalla la agencia Europa Press.
Según detalla la evaluación, el hecho de que en febrero la entidad revelara una necesidad de provisiones extraordinarias por 5.692 millones de euros llevó a la agencia DBRS a rebajar su rating, algo que derivó en «preocupaciones significativas» en los clientes del banco, que se reflejaron en «salidas de depósitos inesperadas» y en una «alta frecuencia de visitas de los clientes a la red del banco».
A esta rebaja del rating se unieron otras por parte de Standard and Poor’s y Moody’s hasta que el 31 de mayo la pérdida de depósitos se convirtió en «particularmente relevante». De acuerdo con el supervisor, la entidad desarrolló varias medidas adicionales para generar liquidez y comenzó a implementarlas, pero no fueron suficientes para remediar el deterioro de la posición de liquidez del banco.
«Incluso con el recurso a la ELA (línea de liquidez de emergencia), la actual situación de liquidez no es suficiente para asegurar la capacidad de la entidad supervisada de cumplir con sus responsabilidades en el transcurso del 7 de junio», señala la evaluación, realizada el 6 de junio.
Como consecuencia de esta situación, el BCE concluyó que la entidad tenía «opciones muy limitadas» para obtener financiación a través de operaciones regulares en el mercado o de bancos centrales y no era capaz de movilizar suficiente liquidez adicional.
«Dado lo anterior, particularmente las excesivas salidas de depósitos, la rapidez a la que la liquidez se está perdiendo por parte del banco y la incapacidad de la entidad de generar más liquidez, existen elementos objetivos que indican que la entidad supervisada será probablemente en el futuro próximo incapaz de pagar sus deudas u otras cargas. Por ello, se considera que la entidad caerá o es probable que lo haga en el futuro próximo de acuerdo con la legislación», señala.
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