La reseña de la última reunión del consejo de Banco Popular antes de la ‘resolución’ por la que se liquidó la entidad, desvela un baile de hasta 5.500 millones entre el agujero que estimaba el equipo de Emilio Saracho, Presidente del banco, el que calculaba el BCE y el que luego declaró Santander

El ‘acta de defunción’ de la entidad revela que ni los cálculos de sus propios responsables ni los del Banco Central Europeo (BCE) se acercaban, ni por asomo, a las cifras que declaró 23 días después el nuevo propietario, con ‘bailes’ de hasta 5.500 millones de euros.

Ese acta reseña la última reunión que el consejo de administración del banco presidido por Emilio Saracho celebró el 6 de junio de 2017, la víspera de la resolución, en la que el ejecutivo señaló que “Banco Popular tiene, a día de hoy, la consideración de inviable” tanto por sus problemas de liquidez (dinero efectivo) como por los de solvencia (posibilidad de obtenerlo), por lo que, aunque manteniendo abiertas las vías de una posible venta y una ampliación de capital como plan B, recomendó comunicar esa situación al BCE.

Los 4.128 millones de euros nominales que representaban los títulos e instrumentos de capital en manos de más de 300.000 accionistas, la mayoría de ellos pequeños ahorradores, se volatilizarían al día siguiente con las decisiones de la JUR (Junta Única de Resolución de la UE) y el FROB (Fondo de Reestructuración Ordenada Bancaria) que entregaron Popular al grupo Santander.

Un agujero cuya magnitud nadie detectó

Popular había declarado pérdidas por 3.485 millones de euros en diciembre, semanas antes de que Ángel Ron fuera relevado en la presidencia por Emilio Saracho, que permanecería en ella hasta primeros de junio y cuyo equipo elevó ese resultado en otros 129 millones al cierre de marzo.

En apenas dos meses, y según los datos que Saracho expuso en la última reunión de su consejo, ese agujero se había visto incrementado en 3.125 millones que lo elevaban a 6.729. La mitad del aumento procedía de una reducción de 1.600 en la tasación de los activos inmobiliarios que había puesto en marcha la propia entidad y los otros 1.525 de las provisiones necesarias para afrontar créditos fallidos que no iba a recuperar.

La suma de esas cifras, expuestas el 6 de junio, suponen poco más de la mitad de los 12.218 millones que Santander declararía cómo pérdidas 24 días más tarde, el 30 de junio. ¿El agujero había crecido en 8.604 millones de euros en solo tres meses sin que nadie lo detectara? ¿Ningún responsable, autoridad o supervisor se percató de que al boquete era casi 5.500 millones más profundo cuando Popular ya agonizaba?

Tampoco detectó esa situación el informe de auditoría que Deloitte elaboró de urgencia y en el que la UE y el Gobierno basaron su decisión, y que llegaba a cifrar el boquete provocado por el ladrillo en 3.400 millones en la opción más desfavorable. El dictamen planteaba que los ‘números rojos’ de Popular podían ir de 2.000 millones a 8.200 millones, aunque sin descartar que pudiera arrojar 1.300 de beneficios.

Problemas de liquidez y también de solvencia

La liquidación de Popular coincidió con un chequeo de su patrimonio inmobiliario por personal del BCE, cuyas conclusiones empeoraban notablemente las que manejaba el propio banco, aunque se quedaban lejos de las que sacaron los responsables de Santander.

“La provisión de inmuebles es razonablemente previsible que acabe siendo mayor”, admitía Saracho, a quien los inspectores del emisor europeo le habían comunicado “verbalmente” que la infravaloración del ladrillo llegaría a 2.250 millones (650 más) según sus estimaciones preliminares.

Por otro lado, los requerimientos de venta de las agencias de ráting para mejorar la calificación de Popular y abrir el grifo del crédito iban a elevar ese capítulo hasta los 3.000 millones de euros, según explicó el presidente a los consejeros.

Llama la atención el desconocimiento y la escasez de control que los responsables de supervisar y vigilar el sistema bancario mostraban sobre la situación real de Banco Popular pese a tratarse de una de las entidades sistémicas, dos semanas después de cuya ‘resolución’ llegó la declaración de quiebra de los italianos Venetto Banca y Banca Popolare.

Saracho expuso en esa junta que el banco sufría un doble problema de solvencia y de liquidez. Y la CNMV (Comisión Nacional del Mercado de Valores) investiga si las pérdidas provenían del ejercicio de 2017 o de años anteriores, algo que, de resultar cierto, avalaría las demandas de los afectados por la resolución, que reclaman la devolución del dinero invertido en la ampliación de capital de 2016 alegando que el folleto con el que Popular captó 2.505 millones de euros incluía información errónea.