Apabanc logra nuevas sentencias favorables a afectados por Banco Popular en la Audiencia Provincial de Madrid

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Dos asociados logran nuevas sentencias favorables a sus intereses contra el Banco Popular por reclamación de acciones y obligaciones subordinadas.
Valencia, 12 de junio de 2020. 

Tras la desestimación del asunto en Primera Instancia, una nueva Sentencia de la Sección Vigésima de la de la Audiencia Provincial de Madrid, es favorable a un accionista de Banco Popular. Declara la nulidad por error en el consentimiento, tanto de la orden de compra de derechos de suscripción preferente de acciones, como de la orden de compra de las mismas. Ambas operaciones tuvieron lugar el 3 de junio de 2.016 en la ampliación de capital.

Haciendo suyos los argumentos de otras Sentencias, como por ejemplo la dictada por la sección Sexta de la Audiencia Provincial de Asturias el 26 de abril de 2019, la Audiencia enuncia que:

            “la inviabilidad de BANCO POPULAR sólo encuentra una explicación […] que no es otra que la situación financiera de la entidad y solvencia de la misma ya estaba profundamente deteriorada cuando se acudió a la ampliación de capital que nos ocupa y que el inversor no fue adecuadamente informado de ello a través del folleto de la OPS, pues lo que se deducía de la información financiera  que soportaba dicho folleto, así como de la publicidad que se dio a la OPS, era una evolución positiva en términos favorables a los inversores, que a la postre resultó ser incierta.

No obstante, no son las acciones de Banco Popular el único producto financiero sobre el cual la Audiencia Provincial de Madrid (esta vez su Sección Decimoctava), se ha pronunciado. El pasado 17 de marzo desestimó el recurso planteado por la entidad, y confirmó la resolución de Primera Instancia.

Esta última estimaba la demanda planteada por una empresa contra Banco Santander (sucesor del Popular), y declaraba la nulidad de la orden de suscripción relativa a obligaciones subordinadas, suscritas en 2011 y posteriormente su canje-conversión en junio del 2017, quedando su valor efectivo y líquido a cero euros. La entidad planteó varios motivos del recurso, que fueron desestimados:

 

  1. Caducidad de la acción:

El plazo de caducidad la acción para anular un producto financiero complejo, comenzará a contar desde la consumación del contrato, y no desde la perfección del mismo. En este sentido, la siguiente pregunta que se plantea es ¿cuándo tendrá lugar esa consumación? Pues bien, esta no podrá quedar fijada antes de que el cliente haya podido tener conocimiento de la existencia del error o dolo. Tomando como base la doctrina de distintas Sentencias, la Audiencia expresa:

 

“[…] es doctrina común emanada de la jurisprudencia de las Audiencias Provinciales que la fecha que se toma como base para empezar a computar el plazo de caducidad en la fecha de la última de las conversiones, bien sea en bonos subordinados bien sea en acciones de la entidad financiera. Por ello la acción no está caducada.

 

  1. Error en la valoración de la prueba: según Banco Santander, se había facilitado la información oportuna y suficiente.

De la lectura de la Sentencia se entiende que es necesaria por parte de la entidad una actitud activa a la hora de informar. Esta no se cumple simplemente con facilitar al cliente minorista la documentación contractual, y ni mucho menos su mera lectura resulta bastante.  La entidad debe, con antelación suficiente:

“explicar con claridad la naturaleza aleatoria del contrato, cómo se realizan las liquidaciones y la cancelación anticipada y cuáles son los concretos riesgos”

Además, no debe olvidarse que quien debe probar que se ha proporcionado la información correcta. Se trata de la entidad bancaria por ser la que tiene obligación de informar. Con todo esto, el tenor literal de la Audiencia es el siguiente:

[…] no consta el modo alguno que la entidad financiera hubiese dado la información a la que estaba obligada tratándose como se trataba de un producto financiero complejo que se vendió se acertaba a un cliente que tenía la condición de minorista.

Finalmente, la entidad financiera continúa y plantea que, el hecho de que la información no fuera suficiente, no permite entender la existencia de un error que vicie el consentimiento. Según su parecer, el representante legal de la empresa tenía pleno conocimiento de las características de las obligaciones subordinadas. Por el contrario, la Audiencia Provincial de Madrid tiene otra opinión:

“[…]es evidente que el administrador de la mercantil demandante no pudo captar la esencia significado del producto financiero contratado, y debido a esa falta o carencia de explicaciones no podía saber ni captar que en realidad se está embarcando una peligrosa operación de riesgo, en la que se convertía en financiador de su propio banco, dado que se trata de instrumentos de recapitalización de la entidad financiera y además con escasísimas posibilidades de poder recuperar la inversión si como se ha producido desgraciadamente, se produjera una situación de colapso del emisor, por realmente queda a la cola de todos los posibles acreedores del mismo, cuestiones que no fueron oportunamente explicadas y que por lo tanto hacen que la falta de información incidir ese no sólo en la adquisición de un conocimiento viciado, sino que además este conocimiento viciado recae sobre aspectos esenciales, la característica de la operación y además resulta plenamente excusable y ante la falta de información suficiente.

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