El informe elaborado por la CNMV y remitido a la Audiencia Nacional sobre las cuentas de Banco Popular de 2016 y la actuación de su cúpula de entonces concluye que, en lugar de “reexpresar” dichas cuentas, la entidad debería haberlas reformulado porque los ajustes contables eran “materiales”.

Los efectos de esta decisión habrían sido, en palabras de Emilio Saracho -sucesor de Angel Ron al frente de Popular en febrero de 2017- que “Popular habría sido una nueva Bankia” con las implicaciones que ello supondría.

Los servicios internos de Popular descubrieron en marzo de 2017, bajo la presidencia de Emilio Saracho, que la entidad tenía que hacer varios ajustes contables al desvelar algunas discordancias en las cuentas de cierre del ejercicio 2016 que podían afectar al balance y al patrimonio neto del banco.

Tres cuestiones fueron objeto de la reexpresión de las cuentas. La primera de ellas se refería a que el banco seguía contabilizando como garantías de activos bienes que ya se había adjudicado por el impago de los créditos que soportaban. Dichas garantías, por lo tanto, debían haber desaparecido del balance.

La segunda consistía en que la entidad había liberado, sin justificación, provisiones que estaban adscritas a determinados créditos para aplicarlas a otros préstamos que estaban siendo examinados, bien por PwC bien por EY. La tercera irregularidad se refería a que el banco no había deducido de su nivel de capital el correspondiente a un número concreto de acciones que habían sido adquiridas por inversores en la ampliación de junio de 2016 gracias a que el propio banco les había proporcionado financiación para ello.

Estos tres ajustes, según los cálculos provisionales que se hicieron, no tenían un impacto material sobre el balance y el volumen de patrimonio neto del banco, lo que permitió a Popular “reexpresar” las cuentas en lugar de reformularlas, después de discutirlo con el auditor externo, PwC, y con la propia CNMV. Pero el informe del supervisor, elaborado una vez que los cálculos dejaron de ser provisionales para pasar a definitivos, cambia la consideración del impacto del ajuste.

Según los datos manejados por la CNMV, en los tres casos analizados el impacto sobre las cuentas era superior al inicialmente previsto. Ello implica que, al calcular qué suponían estos ajustes sobre el patrimonio neto de la entidad resultaba que superaban el umbral mínimo del 2% que establece la normativa actual -se situaba en torno al 3,5%- lo que obliga a considerar “material” dicho impacto y, por lo tanto, la entidad debería haber procedido a reformular sus cuentas, en lugar de reexpresarlas, lo que habría tenido consecuencias muy graves para Popular.

En efecto, según señaló Saracho en su comparecencia ante la comisión de investigación del Congreso de los Diputados la semana pasada, “reformular las cuentas habría significado que Popular habría sido una nueva Bankia” y que tanto la caída de la acción, que sufrió una fuerte corrección a la baja cuando se anunció la reexpresión de las cuentas, como la salida de depósitos, que ya tenía lugar, habrían sido mucho mayores.

Posiblemente, esto hubiera adelantado la resolución de la entidad.Pero el informe de la CNMV no se detiene en desvelar estas cuestiones, sino que describe de forma clara las malas prácticas que la cúpula que el banco, dirigido entonces por Ángel Ron, llevó a cabo para ocultar su situación.

En este sentido, el informe que servía como base para la apertura de un expediente sancionador, que ha sido suspendido hasta que no decida el juez Fernando Andreu, recoge que tanto en el traspaso de provisiones de unos activos a otros como en la financiación para la compra de acciones en la ampliación de Popular se hicieron a sabiendas de que no eran legales y tratando de impedir que lo conocieran quienes pudieran oponerse a esas prácticas.