“si el consumidor tuviera que pagar íntegramente los gastos derivados de su defensa y representación, no se restablecería la situación de hecho y de derecho que se habría dado si no hubiera existido la cláusula abusiva y, por tanto, no quedaría indemne pese a contar a su favor con una norma procesal nacional cuya regla general le eximiría de esos gastos”.De este modo este pronunciamiento se mantiene en la línea de la Sentencia 419/2017 de 4 julio además de con lo establecido por el Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) en su sentencia de 16 de julio de 2020.
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