LOS PROPIOS EMPLEADOS DE BANKIA RECLAMAN POR LA SALIDA A BOLSA
Las consultas sobre posibles demandas de los empleados de Bankia que invirtieron en la salida a Bolsa se han disparado en los últimos días, según fuentes sindicales.
Bankia puede tener pronto un tercer frente del que preocuparse en las demandas por la salida a Bolsa, además de los clientes minoristas y los institucionales: sus propios empleados. La plantilla del banco invirtió más de 50 millones de euros en la Oferta Pública de Suscripción (OPS) de julio de 2011 y, según fuentes sindicales, las consultas sobre posibles demandas se han disparado en los últimos días.
Desde distintas organizaciones sindicales explican que los empleados de la entidad habían sido hasta ahora reacios a demandar a Bankia, salvo los que salieron en el expediente de regulación de empleo (ERE) que llevó a cabo entre 2013 y 2014. Tal y como fijó Bruselas, la entidad redujo su plantilla en 6.000 puestos de trabajo a través del ERE y ventas de participadas.
De hecho, fuentes sindicales calculan que empleados y exempleados habrían presentado durante el último año unas 1.000 demandas civiles. Esto representa apenas un 1,3% de las 76.546 demandas, y menos de la mitad del 2,8% que los empleados cubrieron del tramo minorista de la OPS.
Sin embargo, la postura de los empleados sobre si demandar o no al banco parece estar cambiando a raíz de la demanda del Tribunal Supremo del año pasado. «Nos están llamando más desde hace una semana. La decisión del Alto Tribunal ha sido un revulsivo. Los empleados se sienten más seguros demandando en grupo y con una resolución del Supremo que les avale», explican desde CCOO-Bankia, el primer sindicato de la entidad.
«Si las cuentas de Bankia estaban mal, lo estaban para todos, también para los empleados», añaden desde UGT.
Estos dos sindicatos, al igual que otros de los principales de la entidad -Accam y Sate-, han animado a los profesionales y a sus familiares a demandar desde que se conocieran hace un año los informes de los peritos del caso Bankia. Estos concluían que las cuentas que se incorporaron en el folleto de la OPS no reflejaban la imagen fiel de la sociedad y que no hubo concurrencia en la fijación del precio de la operación.
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