LA AUDIENCIA NACIONAL INVESTIGARÁ LAS DENUNCIAS CONTRA BANKIA POR ESTAFA EN COMERCIALIZACIÓN DE PREFERENTES

El juez Andreu, que investiga el ‘caso Bankia’, había rechazado investigar una denuncia presentada en un juzgado de Majadahonda. El Alto Tribunal considera que la conducta de los empleados de sucursales se enmarca en un comportamiento más amplio de la propia entidad

La Sala de lo Penal del Tribunal Supremo ha establecido en un auto que la competencia para investigar todas las denuncias penales que se presenten por un delito de estafa que se habría cometido con la comercialización de preferentes de Bankia es de la Audiencia Nacional y no de los juzgados territoriales.

En un auto, del que ha sido ponente el magistrado Luciano Varela, la Sala Segunda señala que la intervención de los empleados de cada oficina bancaria que colocaron el producto “tiene un carácter fraccionario enmarcado en un comportamiento más amplio de la entidad, que debe valorarse desde antes de la relación directa con el cliente, a partir del diseño mismo del producto, cuya venta se pretende calificar de estafa”.

El Supremo ha fijado este criterio al resolver una cuestión de competencia negativa planteada entre un Juzgado de Majadahonda (Madrid) y el Juzgado Central de Instrucción número 4 de la Audiencia Nacional, que investiga el caso Bankia, en relación con la denuncia por estafa presentada “contra los administradores responsables de Bankia” por dos particulares que compraron 48.000 euros en participaciones preferentes de Bankia en una oficina de dicha localidad y se consideraron engañados.

El juzgado de Majadahonda se inhibió a favor de la Audiencia Nacional, pero el juez Fernando Andreu entendió que este tipo de denuncias quedan fuera de la investigación que él realiza por las irregularidades cometidas en la salida a Bolsa de la entidad, por lo que devolvió las actuaciones. Ello motivó que se planteara un cuestión de competencia ante el Tribunal Supremo que ahora ha sido resuelta.

El auto hecho público hoy establece que la competencia es del Juzgado Central número 4 de la Audiencia Nacional, argumentando que, sin adelantar la calificación de las eventuales responsabilidades penales derivadas para los administradores últimos responsables en el banco ni tampoco para los empleados o dependientes de la sucursal, “la inescindibilidad del componente histórico, presupuesto fáctico del delito imputado”, impide que los hechos sean juzgados en procedimientos separados.

 En el caso concreto analizado, el Supremo destaca que la denuncia no se circunscribe a los consejos recibidos de los dependientes de la oficina concreta, “sino a la naturaleza misma del producto bancario”, de cuya existencia supieron los dos denunciantes por una carta remitida por Bankia, sin firma, y que está incluida en la denuncia presentada, que se dirige contra “los administradores responsables de Bankia”. Y ellos están imputados en la causa que ya se sigue en la Audiencia Nacional.

La remisión a la Audiencia Nacional de otras denuncias podría ralentizar la investigación del caso Bankia y de la pieza abierta por el uso para gastos personales de las tarjetas black. El auto del Supremo no afecta a los procedimientos civiles iniciados por otros clientes de la entidad. En ellos, Bankia ha perdido el 93% de las sentencias dictadas, según admitió su consejero delegado, José Sevilla, el pasado día 2 durante la presentación de los resultados del tercer trimestre.