APABANC GANA OTRA SENTENCIA CONTRA BANKIA POR VENDERLE PREFERENTES AL CÍRCULO DE BELLAS ARTES DE VALENCIA

Ricard Torres, Presidente de Apabanc, considera que es de todo punto impensable que el Círculo adquiriera voluntariamente un producto que ponía en riesgo sus limitados recursos

Salvador Sastre, letrado de Apabanc, recuerda que aún se puede demandar por preferentes hasta marzo de 2016 y que más de 150.000 afectados no han reclamado por ninguna vía

El Juzgado de Primera Instancia número 7 de Valencia ha declarado la nulidad por incumplimiento del deber de informar y por vicio del consentimiento en la suscripción, por parte del Círculo de Bellas Artes de Valencia, de 53.400 euros en participaciones preferentes de la serie A emitidas por Bancaja en 2010 y del posterior canje por acciones. El juez entiende que la demandante creía que concertaba un contrato sobre productos sin riesgo alguno, y que en ningún caso iba a sufrir una pérdida de su patrimonio.

Resulta probado –explica la sentencia- que el consentimiento del demandante para la compra de las participaciones preferentes fue prestado por error, dado que las características de la operación financiera realizada eran incompatibles con la voluntad del actor. Además, se constata la falta de pruebas sobre el cumplimiento por parte de Bankia de su deber de informar adecuada y completamente a su cliente de los riesgos del producto que suscribía, en particular con respecto a las previsibles dificultades de recuperación de la inversión.

Para Ricard Torres, presidente de la Asociación de Consumidores de Productos Financieros, Apabanc, las circunstancias y perfil del Círculo de BBAA “le alejan del perfil del inversor que adquiere esta clase de productos complejos; es decir no es un cliente ‘profesional’, como se indica en la normativa reguladora del mercado de valores para la comercialización de estos productos, si no un minorista”.

De hecho, como explica Torres, el dinero invertido en preferentes era parte de un préstamo hipotecario que el círculo suscribió en su momento con Bancaja para hacer frente a la compra de su nueve sede y otra parte provenía de las cuotas de los artistas socios del Círculo. “Con lo que es de todo punto impensable que una entidad de estas características, adquiriera voluntariamente y con pleno conocimiento un producto que ponía en riesgo aún más sus ya limitados recursos”.

A la vista de las diligencia practicadas –continua la sentencia en este mismo sentido- debe concluirse que la información que se aportó a la actora fue insuficiente, no se le informó sobre las características del producto, ni de las consecuencias respecto al capital invertido, ni siquiera se le facilitó un folleto explicativo. Es más, los propios empleados de Bancaja afirman no recordar cómo se llevó a cabo la comercialización del producto, lo que permite establecer la falta de acreditación de una correcta y completa información

Respecto a la conversión de preferentes en acciones de Bankia el Juez estima que no se trata de dos operaciones de inversión autónomas e independientes entre sí, “sino que por política comercial de la actora (Bankia) es un mismo negocio, estando claramente vinculados las preferentes a las acciones; si bien el producto tenido se convierte en otro diferente, la causa de ofertar la compra de acciones reside en la tenencia de las preferentes y si la adquisición de estas es nula, no concurre causa en la adquisición de las acciones”.

Miles de preferentistas aún no han demandado

 “Aún hay más de 150.000 afectados por preferentes canjeadas por acciones de Bankia que no han reclamado judicialmente su dinero porque creen que las acciones ya han caducado, lo que no es cierto, ya que tienen de plazo hasta marzo de 2016″.-Indica Salvador Sastre, Letrado de Apabanc.

Miles de sentencias de juzgados de todo el territorio nacional están declarando la nulidad por incumplimiento del deber de transparencia en la comercialización de participaciones preferentes y obligaciones subordinadas emitidas por Bancaja y Caja Madrid, y del posterior canje por acciones de Bankia.

Sin embargo, se calcula que sólo en torno a un 48% de afectados por estos productos complejos se ha sometido al arbitraje o ha demandado a la entidad, pese a que en los tribunales se está ganando una media del 90% de los casos.