EL COSTE DE LAS DEMANDAS POR ACCIONES DE BANKIA PODRÍA ASCENDER A 800 MILLONES

El auto en el que juez Fernando Andreu ve “indicios fundados de delito” en la salida a Bolsa de Bankia no sólo ha disparado el interés por demandar al banco, sino que también ha puesto de manifiesto que el caso, lejos de estar cerrado, amenaza con convertirse en otro quebradero de cabeza para el Gobierno y el nuevo equipo gestor que preside José Ignacio Goirigolzarri tres años después del rescate financiero.

Tras haber destinado más de 1.500 millones de euros a compensar a los afectados por las preferentes, Bankia (en la que el Ejecutivo tiene un 62%) y su matriz, BFA (que es propiedad 100% del Estado español), podrían enfrentarse a un desembolso muy superior por el coste de las indemnizaciones por la salida a Bolsa. ¿Cuánto va a costar el toque de campana que Rodrigo Rato dio en la Plaza de la Lealtad el 19 de julio de 2011?, ¿quién lo va a pagar? Ninguna de las dos preguntas tiene aún una respuesta clara.

Según la fianza solidaria impuesta por el juez de la Audiencia Nacional a Bankia,BFA y cuatro ex directivos de la entidad (Rodrigo Rato, Francisco Verdú, José Manuel Fernández Norniella y José Manuel Olivas), el coste de las demandas por la salida a Bolsa podría ascender a 800 millones de euros ampliables. La acusación pedía 4.000 millones, mientras el ministro de Economía limita las potenciales pérdidas a “500 o 600 millones de euros”.

Sin embargo, según estimaciones del diario El Mundo, sólo con las demandas ya presentadas o inminentes el importe del dinero reclamado ronda los 300 millones de euros, aunque todo apunta a que la cifra se disparará en los próximos meses a la vista del interés con el que los afectados -personas físicas y jurídicas- están acudiendo a los despachos de abogados que trabajan en el caso.

Esas cifras no incluyen las costas procesales, ni el pago de los intereses legales del dinero que los inversores han dejado de percibir. Si Bankia pierde la batalla judicial y tiene que cargar con las costas, la entidad necesitará otros 560 millones de euros para asumir las costas, según cálculos de fuentes jurídicas.

Por el momento, los juzgados han dictado 120 sentencias por la salida a Bolsa de Bankia. El banco ha acatado sólo aquellas en las que se condenan sus prácticas comerciales, el resto las está recurriendo. Su esperanza para no afrontar el pago es que no se confirmen esos “indicios de delito” por la falsedad de la información de su salida a Bolsa que detectaron los peritos del Banco de España y ahora el juez ha ratificado.

El Gobierno tampoco quiere airear el caso para contener las reclamaciones y en su seno ni siquiera hay acuerdo sobre quién debe cargar con el coste si BFA o Bankia, una decisión que el Frob debe tomar la próxima semana para que Goirigolzarri pueda presentar resultados en el plazo legal con todos los datos.

Desde la entidad defienden que “lo mejor para el conjunto del grupo y para los contribuyentes, que son nuestros accionistas, es que el coste para Bankia sea el menor posible para que valga más en Bolsa, algo que también beneficia a BFA”.

En Moncloa también preocupa el calendario para la privatización. Las dudas sobre las indemnizaciones por la salida a Bolsa están lastrando su cotización. Desde que el 4 de diciembre se desveló el informe pericial que concluye que los estados contables en los que se asentó la OPS de Bankia “no expresaban la imagen fiel” de la entidad, sus acciones han caído un 7%, mientras que el Ibex 35 ha subido en ese tiempo un 16%. Esto le ha costado una pérdida de 1.036 millones en capitalización bursátil.

Bankia cotizaba el viernes a 1,24 euros, lejos de los 1,51 euros que valía hace un año, cuando el Frob vendió su primer paquete de acciones del banco (7,5%) con una ganancia de 136 millones. Desinvertir por debajo de ese precio sería injustificable para la opinión pública, lo que complica el plan de vender otro paquete de acciones antes de las elecciones.

“Se está jugando a que la gente no reclame, cuando la respuesta correcta sería la contraria: devolver a los afectados las inversiones porque han fallado los mecanismos de control. Así se despejarían también las dudas [del mercado] sobre la entidad”, explica Álvaro Anchuelo, diputado de UPyD, el partido que demandó a Bankia por estafa.

A los más de 347.000 clientes minoristas que acudieron a la salida a Bolsa (de los que 200.000 podrían demandar) podría sumarse todo aquel que compró acciones desde el debut bursátil hasta abril de 2012, cuando la entidad no es capaz de presentar sus cuentas auditadas a la CNMV, o incluso hasta que en mayo de 2012 Goirigolzarri destapa un agujero de casi 20.000 millones.