EL JUEZ PEDRAZ AMPLÍA HASTA JUNIO DE 2017 LA INVESTIGACIÓN A LA CÚPULA DE BANCO DE VALENCIA

El juez de la Audiencia Nacional Santiago Pedraz ha ampliado hasta junio de 2017 la fase de instrucción de la causa en la que investiga por presunta falsedad contable a más de veinte exdirectivos y exconsejeros de Banco de Valencia, entre ellos el expresidente de la Generalitat, de la entidad financiera y de Bancaja José Luis Olivas, el ex consejero delegado Domingo Parra y los exvicepresidentes Antonio José Tirado y Celestino Aznar.

El magistrado ha declarado compleja la pieza principal, de un total de trece de las que la Audiencia Nacional ha archivado tres hasta la fecha, por la «ingente cantidad» de perjudicados e investigados y de documentación a examinar, como las cuentas anuales de la histórica entidad intervenida por el Banco de España a finales de 2011 y adjudicada a CaixaBank por un euro un año después y las actuaciones de inspección del organismo supervisor.

El juez Pedraz ha acordado prorrogar la investigación durante 18 meses, a contar desde el pasado 6 de diciembre, para practicar diligencias «sin duda esenciales» y en atención también al elevado número de investigados, que asciende a «más de veinte, todos pendientes de prestar declaración con asistencia letrada».

La Fiscalía había solicitado declarar compleja la causa por haber «tenido que entrar de lleno en la revisión de la gestión de una persona jurídico privada de las dimensiones del Banco de Valencia», una solicitud a la que se adhirieron tanto la Abogacía del Estado como asociaciones de afectados que en 2012 presentaron  querellas -asumidas por Pedraz en 2013- contra 27 personas físicas y jurídicas.

En noviembre de 2013, el magistrado amplió la imputación de los trece exconsejeros y el socio auditor de Deloitte Miguel Monferrer, a los que investiga por supuestas irregularidades, para atribuirles un nuevo delito de falsedad contable. Para hacerlo, se basó en un informe de la Intervención General del Estado en el que se analizan las cuentas del banco de 2009, aprobadas por el consejo en enero de 2010 y que el auditor validó en febrero de ese año.

Junto a Olivas, Parra, Tirado, Aznar y el auditor, completan la relación de imputados los exconsejeros Agnes Noguera, Manuel Olmos, José Segura, María Irene Girona, María Dolores Boluda, José Luis de Quesada, Silvestre Segarra, Pedro Muñoz y Federico Michavila. A todos ellos se les atribuyen delitos societarios, falsedad contable en su vertiente agravada y administración desleal, abusiva y fraudulenta.

Según Pedraz, «deben dar explicaciones sobre la diferencia de cálculo de provisiones existente entre las cuentas aprobadas y revisadas» y las del Banco de España, que detectó «numerosas deficiencias» en la toma de decisiones sobre refinanciaciones para «evitar el traspaso de saldos a la calificación de dudosos y la indebida calificación contable de muchos de ellos, estimándose un déficit de provisiones de 177 millones».