Las instituciones de la Unión Europea (UE) implicadas en la resolución que ha arruinado a miles de afectados de Banco Popular han rehusado entregar a un grupo de bonistas, que perdieron toda su inversión, los documentos sobre los que basaron su decisión y el informe de Deloitte, que atribuyó a la entidad un valor negativo de 8.200 millones de euros

Distintos grupos de inversores y afectados por la quiebra de Banco Popular han pedido reiteradamente acceso al informe de la consultora Deloitte, que atribuyó a la entidad un valor negativo de entre 2.000 y 8.200 millones de euros.

Los afectados prevén dar un paso más en sus esfuerzos por anular la resolución y en los próximos días recurrirán ante el panel de apelación de la Junta Única de Resolución (JUR) la negativa a proporcionarles información.

En la madrugada del 7 de junio la JUR ordenó la resolución del Banco Popular, la amortización total de sus acciones y su posterior venta al Santander por un euro basándose en un informe de Deloitte que se niega a hacer público. El Popular fue vendido por un euro al Banco Santander -que mañana presenta sus resultados del tercer trimestre- y se redujo a cero la inversión de accionistas y tenedores de deuda subordinada.

El citado grupo de inversores ha enviado desde julio 21 cartas a la JUR, el BCE y la Comisión Europea, que validó la decisión, requiriéndoles la información que sirvió de base para la misma. Hasta ahora, las instituciones han negado el acceso a los documentos, incluido el informe de Deloitte, por considerar que su publicación podría perjudicar la estabilidad financiera.

La JUR argumenta que existe el “riesgo” de que la publicación de documentos que contengan información sobre su política de resolución “mine su capacidad de actuar efectivamente en futuros casos”, y resalta la “necesidad de proteger los intereses comerciales” del Banco Popular, puesto que sigue operativo, según las citadas cartas.

El BCE ha rechazado dar información relativa al volumen de liquidez de emergencia (ELA) que proporcionó al Popular y el colateral que aportó el banco antes de quedarse sin más para seguir recibiendo liquidez.

La institución cree que esta información es “comercialmente sensible”, que su publicación “reduciría la efectividad de la ELA como herramienta para mantener la estabilidad financiera” y que “minaría la habilidad de los bancos centrales nacionales para responder de forma efectiva a futuras crisis severas de liquidez”.

Señala también que revelar información sobre la situación de liquidez y capital del Popular “provocaría especulación en el mercado sobre la posición de liquidez del Santander“. Los inversores argumentan que la información es “puramente histórica” puesto que la resolución ya se ha completado, así como que el acceso a los documentos es esencial para defender su causa en los tribunales.

Para tener un juicio justo “cualquier elemento que pueda influir en el resultado de los procesos debe ser publicado, asegurando el equilibrio de los derechos de las partes. En este momento, la JUR tiene documentos clave a los que nuestros clientes no tienen acceso”, argumentan en su última carta a la JUR los inversores, representados por el bufete de abogados Quinn Emmanuel.

El grupo de inversores recurrió la decisión ante el Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TGUE) el pasado 17 de agosto y el 7 de septiembre presentó ante la Audiencia Nacional un recurso contra el Fondo de Resolución Ordenada Bancaria (FROB), que ejecutó la operación.

La CE y la JUR tendrán que comparecer ante el TJUE antes del 19 de diciembre y del 15 de enero, respectivamente.