Los informes, hasta ahora confidenciales, sobre la valoración del Banco Popular ya son parcialmente públicos. Dicho informe apunta a que los acreedores y los bonistas del Popular podrían haber obtenido mejor tratamiento bajo los procedimientos de insolvencia normal, un dato clave para los procesos judiciales en curso.

La Junta de Resolución acaba de publicar el informe de valoración, redactado por Deloitte, que sirvió para tomar la decisión de liquidar el Banco Popular la noche del 6 de junio. Alegando motivos de confidencialidad, hasta ahora la JUR había mantenido muchos datos claves ocultos.

Por tanto, si se acredita que la liquidación del popular fue por motivos de solvencia patrimonial y no sólo por motivos de liquidez, la posibilidad de éxito de una demanda civil por nulidad es cada vez mas probable. A esta demanda contra Banco Popular podrían acudir los afectados que subscribieron acciones de la ampliación de capital a principios de 2016 -o que compraron en periodos próximos a esta fecha- es más que probable.

Para el resto de accionistas de Banco Popular, o accionistas “históricos”, la vía adecuada es la penal, mediante la querella ante la Audiencia Nacional que Apabanc ha presentado ya contra la entidad, por delitos de falsedad contable, insolvencia punible y estafa contra el mercado y los consumidores.